Leña: El camino para conseguir la formalización de este mercado

Estamos peleando para que la leña sea declarada como combustible, porque así podemos tener una cancha pareja para todos”. Las palabras de Víctor Esse, de la Cooperativa Reda, una red de pequeños comerciantes de leña certificada de Temuco y Padre Las Casas, deja en evidencia uno de los desafíos de un mercado que experimentará transformaciones.

Es así, porque la “Ruta Energética” con 10 mega compromisos presentada por el Gobierno, promete cambiarle la cara al sector. En la actualidad, explica a LIGNUM la ministra de Energía, Susana Jiménez, “existe un vacío en la facultad para definir la calidad de los biocombustibles sólidos, como la leña y sus derivados, y determinar quién es el responsable de controlar un determinado estándar de calidad”.

En este marco, el plan del Ejecutivo deja en manos de esta cartera las atribuciones necesarias, para establecer especificaciones técnicas y el reglamento de aplicación para la comercialización de la leña en zonas urbanas.

El anuncio ha sido valorado por los sectores involucrados. “Entrega una señal de Estado, un mensaje claro respecto a hacerse cargo de un tema que ha sido por muchas décadas dejado como pendiente”, expresa Luis Duchens, gerente de Desarrollo y Fomento Forestal de la Corporación Nacional de Desarrollo Forestal (Conaf). En la Asociación Chilena de Biomasa (Achbiom) también reaccionaron con satisfacción. “No tomar meses valiosos de administración en hacer los clásicos diagnósticos, como para plantear una hoja de ruta, es valorable”, asegura Antonio Minte, vicepresidente de la entidad.

Para la ministra Jiménez, la propuesta de Gobierno sólo generará beneficios. “La leña se podrá adquirir en establecimientos formalizados, que paguen sus impuestos, les entreguen la cantidad que corresponde y se hagan cargo de sus obligaciones laborales, además de utilizar madera que provenga de bosques manejados adecuadamente y generen menor cantidad de material particulado por su combustión completa en el calefactor, lo que se traduce en la reducción de la contaminación atmosférica y en la mejora en salud de las personas”, sostiene.

En el caso de los usuarios, señala la autoridad, “estos podrán adquirir un producto más uniforme, de mejor calidad y combustión. Necesitarán menos leña para satisfacer sus necesidades de calefacción, ya que al tener un contenido de humedad bajo, la generación de energía podría llegar a ser hasta un 20% superior en comparación con la leña húmeda”. Mercado complejo Sin embargo, el gran escollo para avanzar es la alta tasa de informalidad de este sector, que llega a un 90%.

La existencia de este “mercado negro o informal” es una de las principales preocupaciones del Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), que trabaja con productores interesados en contar con un sello de calidad. “Los comerciantes que atendemos piden a gritos que se reglamente para poner fin a la competencia desleal”, sostiene Jaime López, secretario ejecutivo de la organización.

La existencia de este “mercado negro o informal” es una de las principales preocupaciones del Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), que trabaja con productores interesados en contar con un sello de calidad. “Los comerciantes que atendemos piden a gritos que se reglamente para poner fin a la competencia desleal”, sostiene Jaime López, secretario ejecutivo de la organización.
En este contexto, la pregunta es cuán complejo es y cuánto cuesta formalizar el mercado de la leña. “Definitivamente no será un tema fácil”, asumen en Achbiom. En el ministerio están conscientes de esta dificultad, dado que “al haber tantos comerciantes presentes en el rubro, de diferentes tamaños, ingresos y modelos de negocio, resulta complejo llegar a todos al mismo tiempo con una regulación, y que a su vez todos tengan las herramientas para cumplir con el mismo estándar”, explica la ministra.

Desde ya, en Energía adelantan que un foco estará puesto en destacar las ventajas de la oferta de leña seca. “Está demostrado que los comerciantes que cumplen con la formalidad y planes de secado han podido mejorar su productividad y, por ello, su negocio”, indica Susana Jiménez. Pero “aterrizar” la propuesta ministerial en terreno es algo complejo. Nolberto, un productor de la zona del Lago Llanquihue, es propietario de un predio que cuenta con un plan de manejo supervisado por la Conaf y vende leña por varas.

“El negocio da sólo para subsistir y hay mucho ilegal, que trabaja a la negra. Y eso me complica mucho, porque aparte de que uno es periódicamente fiscalizado, hay otros que destruyen los bosques, no los fiscaliza nadie y venden más barato”, cuenta. Para este pequeño productor, así como para muchos de sus colegas, pensar en vender leña seca y certificada es imposible. “No dan los recursos. O habría que vendérsela a los grandes capitalistas a precios bajísimos, para que ellos la sequen, porque tienen el capital para hacerlo”, dice.

En este marco, el apoyo del Estado es necesario. Pero Nolberto advierte que la fórmula de los préstamos no es la óptima. “Casi no conviene. Porque si uno se endeuda y le va mal en los negocios no alcanza a salir (de la deuda). Si el Estado no quiere que se exploten los bosques, debería darle al pequeño propietario una pequeña subvención para mantenerlos”, señala.

En ese marco, la asociatividad surge como una fórmula. La cooperativa Reda lleva 5 años de trayectoria, y son 8 socios que unen fuerzas para poder comprar en mayores volúmenes y así conseguir mejores precios y abaratar costos. Para ellos ha sido clave la certificación de SNCL, porque así le dan “un valor agregado” al producto, comenta Víctor Esse. Otra salida es explorar nuevos nichos de negocio, como “moverse al desarrollo de otros combustibles más eficientes y limpios, como las astillas o el pellet, entre otros”, añade la ministra Jiménez.

La visión desde el Congreso

El tema del uso de la leña estalla cada año en los meses de frío, dada la contaminación de las ciudades del sur del país declaradas como saturadas. “Pero pasa el invierno y se olvida”, asegura Jaime López. En el Congreso, el tema también aparece cada cierto tiempo en la agenda, al menos desde 2008, cuando el entonces diputado Antonio Horvath presentó un proyecto de ley (hoy archivado). Hoy nuevamente está en el tapete legislativo, porque en junio el Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto que prohíbe el uso de leña en la Región Metropolitana, de autoría del senador PPD, Guido Girardi. En conversación con Revista LIGNUM, el parlamentario defiende su proyecto.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado e integrante de la Comisión de Medio Ambiente es un crítico de la leña. Sostiene que “no es viable ni compatible con la salud de las personas” y afirma que existen evidencias de que “hay un aumento muy dramático de la mortalidad atribuible al PM 2,5 (contaminación por material particulado fino) producido por la leña”. Incluso, señala que la leña seca y certificada “emite menos que la leña húmeda, pero aun combustionada en doble cámara es mucho más contaminante que la parafina y el gas”. Girardi señala que no se han encontrado soluciones para el uso de la leña en el sur debido a que existe “una cierta perplejidad frente a lo que hay que hacer, porque no es fácil”.

A su juicio, la solución debería pasar por un cambio de modelo energético, como reemplazar la leña por gas natural. O bien, apostar por otro tipo de tecnologías con el mismo biocombustible, “generando industrias de calor en ciudades como Temuco con filtros de manga, mucho más regulado, que podrían quemar leña con un estándar de emisión mucho más razonable y distribuyan calor por cañerías”.

Consultado por el futuro de los pequeños productores que hoy subsisten de la leña, Girardi es tajante: “Bueno, como todas las cosas, tendrán que reconvertirse a actividades vinculadas a energías más limpias”. En Conaf la visión es distinta. “Lo que hemos planteado insistentemente es que se debe avanzar y poner el foco en la tecnificación del uso de la leña y biomasa. Ello implica, por ejemplo, regular la trazabilidad de la calidad y fiscalizar las emisiones, más que prohibir o restringir el uso del combustible”, señala el gerente Luis Duchens.

Voluntad política

El diseño del Gobierno contempla presentar un proyecto de ley que será ingresado al Congreso en el segundo semestre de 2019. Para algunos actores del sector, este plazo resulta excesivo, pero la ministra de Energía defiende el timing decidido por la cartera. “Queremos llegar al Congreso con el mayor consenso posible, y con los fundamentos técnicos, ambientales, sociales y económicos que la sustenten responsablemente”, asegura. Pero más allá del proyecto de ley, hay que considerar la complejidad de la regulación y fiscalización de este mercado. Para el secretario ejecutivo del SNCL, la gradualidad es clave. Otro punto imprescindible es el apoyo y acompañamiento a los productores y comerciantes del sector, con un trabajo multi ministerial reforzado, sobre todo con las comunidades indígenas y sectores rurales vulnerables.

Fuente: Lignum

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