¿Y el humo de invierno?

Columna de opinión del Secretario Nacional del Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), Vicente Rodríguez Tureo.

Se cierra una temporada estival más y la preocupación de la sociedad, de los organismos de emergencia del Estado y de las empresas forestales, se centra en las miles de hectáreas y perdidas económicas que traen como consecuencia los incendios forestales. Por otro lado, uno de los efectos inmediatos de estos episodios es que contaminan el aire de aquellas ciudades cercanas a los focos, como lo ocurrido en regiones como las de Valparaíso, O’Higgins, Maule,  Araucanía, Bío Bío e incluso en la Metropolitana, cuestión que nos hace recordar los graves episodios de saturación por material particulado (contaminación atmosférica) que ya forman parte del paisaje invernal en la mayoría de las ciudades del centro sur de nuestro país, y que a diferencia del humo del verano, este “humo” posee un origen distinto al proveniente de los incendios forestales, pues se trata de contaminación proveniente del mal uso de leña, usado principalmente para calefacción durante gran parte del año (abril a octubre), siendo el combustible que representa nada menos que el 20% de la matriz de consumo energético primaria de Chile.

La leña, como combustible, se caracteriza por ser de origen local, de bajo precio, buena disponibilidad y con un innegable arraigo cultural que lo hacen altamente apreciado entre las regiones VII a XI, en donde se concentra más del 80% del consumo nacional que ya bordea los 24 millones de metros cúbicos estéreo anuales.

Pero: ¿Qué ocurre con este combustible, que siendo uno de los renovables más usados, incluso por sobre la hidroelectricidad, cause aún importantes externalidades negativas relacionadas con el ambiente, la salud, los impuestos y los bosques, que aún no se dan señales claras respecto de su manejo y/o su ordenamiento en Chile?

Aquí debemos referirnos en primer lugar, a asuntos relacionados con la regulación legal o normativa de los combustibles, que opera normalmente para ordenarlos, certificarlos y transparentar su uso y comercialización. Esto pasa necesariamente por un reconocimiento de los combustibles, estatus del cual la leña aún carece a pesar de los intentos que se vienen haciendo desde el año 2009 en adelante. En este sentido urge oficializar como tal a la leña y otros combustibles sólidos provenientes de la madera, para ello se debe agilizar el proyecto de Ley que “Modifica la ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con el objeto de considerar la leña oficialmente como combustible”, Boletín Nº 6572.

Por lo anterior, las políticas sectoriales y debates relacionados con la leña y sus derivados han estado centradas en la contaminación y no en las ventajas y soluciones regulatorias que requiere el mercado, camino contrario a la tendencia mundial, en donde se observan países que han hecho de la biomasa forestal una verdadera potencia energética que aporta a sus economías locales. (España, Austria, Alemania, entre otros).

Complementario a lo anterior se ha propuesto en varias ocasiones la necesidad de crear una institucionalidad nacional que apoye y proponga políticas de regulación y fomento para este combustible y que complemente los planes de mejoramiento de la calidad del aire que actualmente se encuentran en curso, como por ejemplo la elaboración de planes de descontaminación, el recambio de calefactores y subsidios para la aislación de vivienda.

Probablemente esta institucionalidad asusta o complica a la autoridad debido a su alta complejidad, puesto que el tema necesariamente debe ser tratado de una manera transversal, es decir, involucra una relación interministerial entre Agricultura, Energía, Vivienda y Medio Ambiente, además de convocar a los actores sociales, tales como productores, comerciantes y consumidores de leña, los fabricantes de calefactores, las constructoras de viviendas, empresas de mantención de equipos, entre otros.

Todas las externalidades negativas del mal uso de leña, que hoy ya no son una novedad, como la alta evasión de impuestos (situada en el orden de los US$15 millones), el gasto ocasionado en salud pública (del orden de los US$365 millones al año), el aporte a la contaminación y la degradación de nuestros bosques nativos, pueden ser transformadas en verdaderas oportunidades en la medida en que se implemente una Política Nacional de Leña y Dendroenergía en el país, lo que necesariamente debe considerar la creación de una institucionalidad que se encargue del tema y que aporte a la formulación de una política de regulación, como complemento de la política de mejoramiento de la calidad del aire en Chile. En este sentido consideramos relevante fortalecer y proyectar el rol desempeñado por el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), reconociendo en esta iniciativa su carácter participativo, como instancia surgida a partir de alianzas entre la sociedad civil con el sector público, como el único esfuerzo sistemático desarrollado en Chile destinado a abordar de manera integrada las externalidades tanto positivas como negativas de este energético. Por otro lado, esta iniciativa ha demostrado que es fundamental potenciar un Sello de Certificación para la leña en nuestro país, como el que otorga el SNCL, que siendo voluntario, opera entre las regiones Metropolitana y de Aysén, propiciando un ordenamiento en la comercialización y consumo de la leña.

Mediante un marco regulatorio claro, incentivos acordes al sector, una institucionalidad que considere a las partes interesadas y la promoción de la certificación de calidad o etiquetado de eficiencia para la leña, se podría aumentar la oferta de leña de calidad y sustentable en el país, y los beneficios que hoy ya se vislumbran a través del Sello del SNCL podrían potenciarse y aumentar rápidamente.

Usando como referencia el volumen anual certificado por el SNCL se asegura una recaudación de impuestos del orden de los 600 millones de pesos anuales (impuestos correspondientes al pago de IVA, sin considerar impuesto a la renta), aportes concretos de estas microempresas en su mayoría familiares, que obteniendo un sello se autoimponen la obligación de pagar los impuestos correspondientes.  Además, este volumen supone el manejo sostenible de unas 4.000 hectáreas de bosques, de las cuales un 75% corresponderían a bosque nativos (según el SNCL 2013), es decir, unas 3.000 há de bosque nativo que vendrían a representar un 13% de la superficie anual manejada de manera sustentable a nivel nacional según el Informe Final del Programa Ley de Bosque Nativo de CONAF (2013).

Las malas evaluaciones realizadas al Plan de Descontaminación Ambiental de Temuco, los problemas que se han suscitado en los programas de recambio de calefactores, el bono leña para la región de Aysén y el bajo efecto de las campañas de sensibilización, programas que a la hora de mostrar las cifras y logros parecieran quedar al debe, hacen pensar que un modelo mixto de cooperación entre privados y actores públicos podrían mejorar el desempeño de estos planes o programas, mejor aún si se enmarcan en el contexto de una Política sectorial acorde al rubro, puesto que los resultados en cuanto a volumen, eficiencia energética, disminución de emisiones contaminantes y promoción de manejo de bosques se pueden y deben mejorar, es más, si estas herramientas se implementan adecuadamente podría evitarse que las ciudades del centro sur de Chile sigan entrando en la categoría de Zonas Saturadas, como lo ocurrido recientemente en marzo con la ciudad de Valdivia en la región de Los Ríos, o con Osorno a fines del año 2013.

La experiencia, las cifras, el conocimiento del mercado, los beneficios de la certificación de calidad, la transversalidad e incluso los errores en las instauración de un Sistema de Certificación público – privado para ordenar y promover las ventajas de la biomasa forestal, en especial de la leña, han estado y seguirán estando a disposición de las autoridades, tal como viene ocurriendo desde su creación hace 10 años atrás.

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